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La última batalla del naval

IP - 2 de agosto de 2013 Compartir en Facebook Compartir en Twitter    

La decisión no fue inmediata. Es más, hubo -y hay- algunas reticencias por parte de las partes interesadas. Pero finalmente el naval español dará la batalla. Antes de que acabe septiembre, cuando expira el plazo, así, España presentará ante el Tribunal Europeo un recurso contra la decisión del Colegio de Comisarios, que el pasado día 17 de julio resolvió que los inversores que participaron en agrupaciones de interés económico tendrán que devolver las bonificaciones fiscales de las que se beneficiaron entre 2007 y 2011 por la construcción de unos 200 buques.

De poco sirvieron las manifestaciones y los mensajes de administración, patronal y sindicatos sobre las nefastas consecuencias que tendría para el sector naval español -en el dique seco desde 2011 tras la decisión de la UE de suspender el sistema de bonificación fiscal, conocido como tax lease- hacer frente a las devoluciones de las “ayudas” percibidas durante el periodo de aplicación del anterior sistema de bonificación fiscal, el tax lease, entre 2002 y 2011.  
Los pronósticos se cumplieron y la última propuesta de la CE fue la que finalmente dieron por válida los comisarios de la UE. Así, los inversores y participantes en agrupaciones de interés económico que participaron en la financiación de buques tendrán que devolver las cuantías derivadas de las exenciones fiscales de las que se beneficiaron por el anterior sistema. Finalmente han quedado excluidos los armadores y los astilleros, mientras que el plazo de aplicación de la medida se ha fijado desde abril de 2007, que es cuando se resolvió un expediente similar en Francia sobre el que España articuló buena parte de su defensa, hasta 2011, fecha de inicio del expediente español. 
La decisión, aunque esperada, fue recibida con críticas por parte de las partes interesadas en el sector español. No obstante, el propio ministro de Industria, José Manuel Soria, indicó que “la decisión no es la que le gusta al Gobierno, pero es mejor que la que había anunciado anteriormente Almunia”, con relación a la posibilidad de incluir a los armadores en el grupo de partes obligadas a devolver los impuestos no abonados y ampliar hasta 2005 -cuando se inició el expediente francés- en plazo de aplicación de la medida.
En aquel momento diversas voces apostaron por el recurso, entre ellas las del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Otras, como la del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, fueron más cautas y defendieron recurrir en el caso de que las ayudas a devolver sean “elevadas y excesivas, y perjudiquen al futuro de los astilleros”. De su departamento depende ahora calcular estas cifras. Por su parte, Álvaro Platero, presidente de Pymar, la asociación de pequeños astilleros, afirmó en rueda de prensa posterior a la resolución que “vamos a seguir peleando por mantener los empleos del sector, unas 87.000 familias que dependen de nosotros, así como por seguir siendo líderes mundiales en construcción naval en este tamaño de barcos”. Los sindicatos mayoritarios consideraron precipitado hablar de recurso tras la decisión de Bruselas, subrayando la urgencia de volver a dotar de actividad a los astilleros.

Consenso para el recurso
El consenso llegó pocos días después de la resolución de Europa. El Ministerio de Industria, en un reunión con las administraciones de las comunidades autónomas más afectadas -Galicia, Euskadi y Asturias-, patronal y sindicatos (CCOO y UGT) acordó que España recurrirá la sentencia porque “tenemos el convencimiento de que los argumentos que hemos ido esgrimiento a lo largo de estos últimos meses, tanto el argumento de la confianza legítima con el que han actuado todos los operadores, así como el principio de seguridad jurídica con el que también han actuado, son argumentos muy sólidos que siguen siendo validos. Lo eran cuando hicimos las alegaciones ante la UE y lo siguen siendo ahora” indicó tras el encuentro. De momento no se pedirán medidas cautelares, es decir la suspensión provisional de la resolución, aunque el Gobierno tampoco las descarta.
“Es verdad que la decisión del Colegio de Comisarios es mejor que aquella que había anunciado el vicepresidente Almunia, pero está lejos de la pretensión y el deseo, jurídicamente justificado, de todas las partes representadas. Preparar el recurso ha sido un acuerdo unánime” apuntó Soria.
Almudena López, consejera delegada de Pymar, consideró que a la hora de tomar la decisión de recurrir “pesó el sentido común y la coherencia por lo que hemos estado defendiendo en los dos últimos años. Estamos convencidos de que la decisión es injusta, de que hay un trato discriminatorio con respecto a la decisión de Francia y que en ningún momento se debería de haber pedido la devolución. No hay duda de que hay que recurrir esa decisión”, indicó a pesar de las voces críticas dentro del sector que consideran que prolongar el proceso puede ahondar en la inseguridad generada y ahuyentar la entrada de nuevos inversores en el nuevo modelo de bonificación aprobado a finales de año. “Por coherencia con los inversores hay que recurrir la decisión pero de forma paralela hay que intentar restablecer la seguridad jurídica en el sistema para que los inversores no salgan espantados y puedan entrar en el nuevo regimen. Hay que sentar unas nuevas bases y eso es algo que le corresponde al sistema español. No es incompatible”.
Desde el sindicato nacionalista gallego CIG -no presente en la reunión del Ministerio- son más críticos y dudan de que “el recurso salga adelante”, tal y como indicó su portavoz de naval, César Rodríguez. “No tenemos mucha confianza en este recurso. Aquí lo que hace falta es dar carpetazo de una vez por todas y no dejar la puerta a que pueda haber una nueva resolución”, aseguró. En su opinión, el hecho de que se mantenga abierto el proceso puede crear inseguridad cara al nuevo sistema. El Gobierno tuvo dos años para hacer lo que tuvo que hacer, para presentar las pruebas que tuvo que presentar. Estuvo dos años sin hacer prácticamente nada y se movió sólo al final. Quizá ahora ya sea contraproducente”, afirmó el portavoz de CIG.

En manos del Gobierno
La decisión de recurrir la resolución del Colegio de Comisarios correspondía el Gobierno español, aunque cuantificar las bonificaciones fiscales a devolver y establecer cómo hacerlo, también. Así lo estipula la decisión de Bruselas, ya que las excenciones fiscales de las que se beneficiaron los inversores repercutían en la Hacienda pública española, que es la que ahora debe reclamar a empresas como Inditex, El Corte Inglés o Ferrovial -algunas de las “atrapadas” en el anterior sistema de bonificación- dichas sumas. Se estipula que la medida afecta a la construcción de 200 buques entre 2005 y 2007.
Durante las semanas previas a la reunión del Colegio de Comisarios, España puso sobre la mesa una cifra a devolver: cerca de 3.000 millones de euros. En el momento de dar a conocer la resolución, el comisario de Competencia, Joaquín Almunia, se negó en repetidas ocasiones a estimar una cuantía a ser devuelta. “Nunca he anticipado ninguna cifra ni corresponde a la CE hacerlo. Sólo le corresponde a la Hacienda pública española evualar quienes son los responsables a devolver entre los inversores, cómo se va a producir la devolución y cuánto se ha de devolver. Nunca hemos avanzado ninguna cifra ni tenemos información precisa y detallada sobre todos los elementos que permiten estimar cuánta ayuda no compatible corresponde devolver a los inversores”, insistió.  Sin embargo sí opina que las cifra estipulada por España, alrededor de 3.000 millones de euros, “no tiene mucho que ver con lo que vaya a ser al final el montante de la recuperación”.
En posteriores intervenciones ante los medios de comunicación, Joaquín Almunia -propuesto como ciudadano non grato por el Ayuntamiento de Vigo tras conocerse que los inversores deberían devolver las bonificaciones- llegó a hablar de una “campaña” en la que se habían exagerado “hasta límites insospechables” las consecuencias del expediente.  

El nuevo tax lease
Joaquín Almunia es de los que considera necesario afrontar el futuro del naval con la nueva herramienta de bonificación que establece Europa. El comisario instó al sector a utilizar el nuevo sistema porque “hay seguridad jurídica con el nuevo sistema, validado por la CE. Hay unas garantías para que las ayudas compatibles se produzcan. El sector naval es un sector que ha demostrado competitividad y capacidad de innovación. Hay demanda entre navieras y armadores que conocen bien la calidad del sector español. Hay inversores y habrá inversores. Lo que hay que hacer es buscarlos y convencerlos”, indicó.  
El nuevo tax lease fue aprobado por Bruselas a finales de 2012, aunque el retraso de la resolución del anterior expediente ha limitado su aplicación. España recuerda que ya ha hecho las modificaciones legislativas necesarias para su aplicación pero, llegados a este momento, el sector naval pide a la administración que concrete la bonificación a la que se podrán los nuevos inversores.

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