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El naval español ante su futuro

Dos años a la espera de respuestas

IP - 22 de julio de 2013 Compartir en Facebook Compartir en Twitter    

A cierre de esta edición de Industrias Pesqueras la exPECtación sigue siendo máxima alrededor del futuro del sector naval español. El Colegio de Comisarios de la UE se reunirá en 48 horas para decidir el futuro de una industria que desde 2011 está en stand by tras la decisión de la Comisión Europea de suspender el sistema de arrendamiento financiero español, el denominado tax lease, tras una denuncia de Holanda por considerarlo discriminatorio para las industrias de otros países comunitarios. Ahora, tras dos semanas de gran intensidad informativa para el sector -manifestaciones, reuniones en Bruselas, nuevas propuestas, etc- patronal, sindicatos y administración miran hacia Bruselas a la espera de la respuesta a la pregunta más repetida en los últimos dos años: ¿Hay que devolver las ayudas? Todo hace indicar que sí. Saber quién tiene que hacerlo y desde cuándo es el gran interrogante.

De manera informal, en un desayuno informativo en Madrid, el comisario de Competencia y vicepresidente de la Comisión Europea, el español Joaquín Almunia, dejó caer a finales de junio lo que nadie quería escuchar. El sector naval español, sin apenas actividad desde que en verano de 2011 se suspendiera la aplicación del sistema de bonificación fiscal con el que venía operando desde 2005, tendría que asumir la devolución de los beneficios fiscales recibidos por la contratación de buques en esos seis años. De la devolución, según indicó en aquel momento Almunia, quedarían exentos los astilleros pero no los armadores ni los inversores participantes a través de grupos de interés económico. De esta manera el comisario anticipaba la resolución del Colegio de Comisarios, prevista para esos mismos días aunque posteriormente retrasada al 17 de julio, algo que muchos interpretaron como un intento de Almunia de tomar el pulso al sector e ir preparándolo para el peor de los escenarios posibles: la devolución 3.000 millones de euros en ayudas.

Las reacciones no se hicieron esperar. Los sindicatos se movilizaron de nuevo, aunque con menos impacto inicial inicial que en otros momentos -se calcula que apenas mil personas siguen trabajando en los astilleros de la Ría de Vigo, cuando hace tres años eran cerca de 10.000-. Se convocaron paros en todos los astilleros del país y los trabajadores del naval marcharon por las grandes ciudades afectadas de Galicia, como Vigo, Euskadi (Bilbao) y Asturias. Dos grandes manifestaciones recorrieron la ciudad de Vigo, la última de ellas con la participación de más 32.000 personas. Ya está considerada como una de las grandes manifestaciones ciudadanas en apoyo a la industria naval de la ciudad. Sindicatos y patronal enviaron una carta conjunta a la Comisión Europea, mientras que las administraciones central y autonómicas realizaron una declaración institucional conjunta en defensa del sector.

En los despachos, tanto de la administración como de la patronal, se empezó planificar una estrategia de presión que tuvo uno de sus momentos clave el pasado jueves 11 de julio. Ese día una numerosa representación española, encabezada por el ministro de Industria, José Manuel Soria, y formada por los presidentes autonómicos de Galica, Euskadi, y Asturias -regiones más afectadas-, Alberto Núñez Feijóo, Íñigo Urkullo y Javier Fernández, respectivamente; los secretarios generales de CCOO y UGT, Fernández Toxo y Cándido Méndez; así como una representación de los astilleros a través de Pymar, se reunió en Bruselas con el comisario Almunia con el aliciente de saber que días atrás el propio responsable de competencia indicara que las alternativas a la resolución planteada pasaban por “nuevos argumentos jurídicos”. “Hay margen en la medida que haya argumentos para que ese margen pueda ser utilizado”, dijó. ¿Estaba diciendo Almunia, de manera indirecta, que los argumentos presentados hasta la fecha no valían?.

El resultado de la reunión fue no fue el esperado. Sí se produjeron avances, pero éstos fueron “insuficientes” en opinión de la representación española. El comisario cedió en el punto de exigir la devolución de las bonificaciones percibidas a los armadores, pero no en el caso de los inversores. Un cambio que parece signitivo en una primera lectura, ya que son las armadoras las que adquieren buques y podrían seguir haciéndolo sin tener que afrontar una devolución, pero que según patronal, sindicatos y administración mantiene al sector naval al borde del abismo y con amenaza de muerte. Todo por el principio de inseguridad jurídica en el que se incurriría, alejando a los futuros inversores del sector español. Y del europeo por extensión, en favor de regiones asiáticas.

La defensa española

El sector y la administración española han argumentado su defensa, con relación a la petición de la exención de la devolución de las ayudas percibidas, con cifras de peso. Según han manifestado en varias ocasiones, la devolución de los cerca de 3.000 millones de euros -independientemente de quien tenga que hacerlo- conllevaría la destrucción de 87.000 puestos de trabajos directos e indirectos. A ello hay que añadir los 40 nuevos contratos -2.000 millones de euros de facturación estimada- que se podrían esfumar. A finales de 2012 la CE aprobó el nuevo sistema de bonificación y los Estados miembros, entre ellos España, acometieron las reformas tributarias necesarias para su aplicación. Sin embargo, el retraso en la resolución del anterior expediente está impidiendo su normal desarrollo.
En una carta conjunta de patronal y sindicatos del sector -un consenso imposible hace pocos años atrás- dirigida a Joaquín Almunia, el sector recordó que devolver estas ayudas “recaerá de forma indirecta en los astilleros españoles como consecuencia de sus compromisos contractuales”. Es más, “estigmatizará al sector” y “ahuyentará a inversores y financiadores del negocio naval”.
El principal argumento utilizado por la defensa española es el del agravio comparativo en el que incurriría la CE si al final

Europa movió ficha: a cierre de edición planteaba la posibilidad de establecer 2007 como fecha a partir de la cual sería necesario devolver las ayudas, coincidiendo con la resolución del expediente francés

optase por obligar a devolver las ayudas, debido al trato “diferente” que recibiría España frente a situaciones análogas en otros países comunitarios. Concretamente Francia, que, frente en un expediente similar, fue eximida de devolver las ayudas por aplicación de un principio de seguridad jurídica que que “ya ha sido demostrado por España”. “Si en ese momento lo argumentado por Francia fue válido para la Comisión Europea, ahora debería de aplicarse el mismo criterio y no otro”, apunta la declaración conjunta de las administraciones.
En la misma línea, los sindicatos y la patronal pidieron por escrito a Almunia que no proporcione a España “un trato diferente al percibido por otros estados europeos como Francia en casos similares”. “Europa ha decidido apostar por su industria y no puede ahora, y de un plumazo, tomar una decisión que terminaría con un sector industrial competitivo”, argumentaron. Reclamaron incluso la intermedición del presidente Mariano Rajoy ante el máximo responsable de la CE, José Manuel Durao Barroso. A cierre de edición Rajoy había telefoneado a Barroso, una llamada de la que no ha trascendido su contenido aunque sí su mensaje general: “defender un sector estratégico como el naval es una obligación de Europa”, indicó poco después de la llamada el presidente Rajoy.
Pymar, la asociación de pequeños astilleros calculó que la “desaparición” de la construcción naval supondría un gasto en prestaciones por desempleo de más de 637 millones de euros, una reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social de casi 130 millones y una disminución en la recaudación por IRPF de 306 millones. Además, conllevaría una reducción de la recaudación por IVA y otros impuestos indirectos de más de 67 millones de euros, de la recaudación del Impuesto de Sociedades de casi 47 millones y de las aportaciones empresariales a la Seguridad Social por otros 519 millones. Por último, supondría un aumento del déficit comercial español de 669 millones de euros.
La última propuesta española aceptaba incluso la devolución de las ayudas, pero de los operaciones suscritas a partir de la suspensión del sistema de bonificación en 2011, y argumentaba su postura en una carta de la anterior comisaria de Competencia, la holandesa Neelie Kroes. Si en 2009 la predecesora de Almunia admitía en una carta la validez del sistema utilizado entre 2005 y 2011, ¿por qué tiene que asumir ahora las consecuencias, e incluso tener que hacer frente su desaparición, el naval español?. El último comunicado de Pymar deja las cosas claras: “esta situación tiene fácil solución: basta con que la CE no discrimine a España y sus servicios jurídicos aprecien, de una vez por todas, los sólidos argumentos jurídicos que hicieron a todos los agentes confiar en las instituciones españolas y europeas durante los años de aplicación del sistema de tax lease”. Europa movió ficha: a cierre de edición planteaba la posibilidad de establecer 2007 como fecha a partir de la cual sería necesario devolver las ayudas, coincidiendo con la resolución del expediente francés.

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