Las Comunidades Autónomas rechazan la propuesta de Damanaki

El sector pesquero español y las distintas administraciones siguen opinando sobre la propuesta para la reforma de la Política Común de Pesca presentada el pasado día 13 por Maria Damanaki y que será la base del debate durante los próximos 18 meses. Tras las primeras valoraciones realizadas por la Xunta de Galicia que calificó, a priori, la propuesta como "decepcionante" nos hacemos eco de las opiniones de Andalucía, País Vasco y Valencia.

 Así, la Consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera, ha rechazado la propuesta "ya que la parte esencial de dicha reforma se mueve en términos conservacionistas, dejando a un lado las medidas socioeconómicas que repercutirían en el sector pesquero", explica la Junta de Andalucía. A su juicio, “hay que velar por el futuro de los caladeros europeos defendiendo las medidas que eviten la sobreexplotación a la vez que contemplen otras medidas de carácter social y económico”, añade.

La titular del Departamento recalca que la flota pesquera andaluza tendrá grandes dificultades para acometer los plazos que establece esta propuesta en cuanto a conseguir el Rendimiento Máximo Sostenible en 2015 ya que, “con la situación actual de los caladeros no cuentan con el tiempo suficiente, tan solo 3 años, para cumplir estos objetivos”. Asimismo, Aguilera también muestra su preocupación sobre la afectación a la flota de pequeño tamaño de la introducción de concesiones comercializables (ITQ), ya que podría convertirse en un “mercadeo de cuotas”, si bien, este es un aspecto, junto con el reto de la reforma, que requiere de un análisis más profundo. Con este objetivo, la consejera convocará en los próximos días una reunión con los representantes del sector pesquero andaluz para abordar todos los puntos de esta propuesta y realizar de forma conjunta un posicionamiento que defienda tanto los aspectos sociales y económicos del sector pesquero como la salvaguarda de los caladeros de una manera equilibrada.

La flota pesquera andaluza tiene en la actualidad un total de 1.644 embarcaciones con más de 7.230 marineros y armadores y genera en torno a 15.000 empleos, en términos de actividad en puerto, lonjas, servicios a la flota, industrias pesqueras, etc.

El carácter social de la pesca artesanal
En el País Vasco, la consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, Pilar Unzalu, ha expresado su “preocupación” por el enfoque de la reforma ya que, a su juicio, “no puede basarse única y exclusivamente en criterios medioambientales, sino que debe tomar también en consideración otros elementos fundamentales que están relacionados con el impacto socio económico que tiene esta actividad en sociedades como la vasca”. “El Gobierno Vasco comparte el criterio de sostenibilidad de las pesquerías como elemento básico para un futuro con pesca en la Unión Europea. Pero este criterio de sostenibilidad no puede ni debe interpretarse únicamente en su enfoque medioambiental, obviando lo que para este Gobierno también debe recogerse en la PPC, que es el impacto socioeconómico que genera la actividad pesquera”, ha asegurado. Y ha ha recordado que el Gobierno Vasco remitió en su día las aportaciones –consensuadas con el sector- que se consideró que deberían haber sido recogidas en esta comunicación, entre las que figuraba: la definición de la pesca artesanal como un concepto que no esté basado en la eslora o tamaño de los buques, sino en el carácter selectivo de las artes y, por lo tanto, en la consideración artesanal de las formas de pesca; la necesidad de que los rendimientos máximos sostenibles se basen en todo momento en los correspondientes informes científicos sobre cada una de las pesquerías; y una regulación de los derechos individuales de pesca que impida la concentración de los mismos en grupos económicos fuertes. En consecuencia, el rechazo a la aplicación generalizada de estos derechos (ITQ) a todas las flotas.

"La reforma planteada por la UE adolece de carencias que el Gobierno Vasco considera deben ser subsanadas a lo largo de la tramitación, de manera que se incluya la vertiente socioeconómica de la pesca; y la incorporación de estudios científicos que regulen y sirvan de base real para la gestión sostenible de cada una de las pesquerías", explica el Gobierno Vasco que insta a que la definición de pesca artesanal no se base en la eslora como factor determinante sino atendiendo especialmente al carácter selectivo de las artes que emplean.

Sólo medioambiental

Desde la Comunitat Valenciana, la consellera de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, Maritina Hernández también se ha manifestado en la misma línea y ha denunciado que la propuesta es "demoledora y tendría un impacto negativo en el empleo, puesto que implica una reducción drástica de la actividad que se traduciría en pérdida de puestos de trabajo". En este sentido, ha expresado la preocupación del Consell ya que la reforma planteada se basa en un principio de sostenibilidad medioambiental y no respeta el principio de sostenibilidad económica y social para el litoral de la Comunitat. “Desde el desconocimiento de la realidad y por aplicación sólo de un principio medioambiental no se puede legislar y no se puede planificar y programar todo un sector porque atenta directamente a la actividad, atenta directamente al empleo y atenta directamente a la cohesión social en el litoral”, ha manifestado.

“La reforma –ha añadido- tampoco contempla la pesca de bajura, que es la característica del Mediterráneo y está, por tanto, alejada de la realidad de la pesca en el Mediterráneo”. Por estos motivos, la Generalitat ha solicitado al Gobierno una "defensa contundente y firme de nuestras pesquerías y que presione para que cuando se diseñe esta reforma se nos tenga en cuenta”. “Hemos expresado nuestro rechazo a este texto y pedido al Ministerio que trabaje para aunar posturas y poder defender con fortaleza la diversidad de nuestras pesquerías y las distintas necesidades que plantean”, ha agregado. Finalmente, ha exigido que se escuche al sector porque ellos son quienes mejor conocen el medio marino, sus recursos y posibilidades, y son los primeros garantes e interesados en la sostenibilidad del mismo.