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Las empresas deben "materializar sus compromisos", creen las organizaciones

Pautas para un abastecimiento responsable de productos del mar (según las ONG)

IP - 6 de febrero de 2019 Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Linkedin    

Las empresas que integran la cadena de valor de los productos del mar en España han manifestado a lo largo de los últimos años un “interés creciente” por la sostenibilidad ambiental y social de la pesca y la acuicultura. Sin embargo, esta inquietud no es suficiente. Hay que ir más allá e incorporar este objetivo a la planificación estratégica y a las metas establecidas por las compañías dentro de su RSC. Así empieza el documento de recomendaciones que las ONG Oceana, Our Fish, SFP (Sustainable Fisheries Partnership), WWF, Greenpeace y Clientearth acaban de publicar y que incluye 10 propuestas para “una política de abastecimiento responsable”. Las ONG consideran que las empresas que conforman la cadena de valor de la pesca deben “materializar” sus compromisos de manera específica dentro de su política de compras de productos del mar. En este sentido deben fijar metas temporales concretas, para que los avances en cumplimiento puedan ser “evaluados a través de indicadores de desempeño”.

Según las organizaciones promotoras del documento, la política de compra de las empresas debe ser “pública y fácilmente accesible para el público interesado”, además de incluir todos los productos: desde la pesca extractiva a la acuicultura, sin dejar de lado las conservas, congelados o pre-elaborados. Las ONG consideran que el cumplimiento de la legislación vigente en este ámbito junto con la combinación de medidas sugeridas “permitirá avanzar en un suministro responsable en España” y recuerdan: se trata de un proceso de mejora “progresivo y continuado en el tiempo”.

LAS 10 RECOMENDACIONES

Las ONG ambientales impulsoras del documento inician su listado de recomendaciones para una política responsable de abastecimiento por lo más obvio, que es “cumplir rigurosamente con la legislación vigente”. En segundo lugar instan a listar todos los productos comercializados por la empresa, identificando como mínimo nombre comercial y científico; arte de pesca o método de producción; tipo de presentación; origen y volumen. Un tercer punto del listado está centrado en la elaboración de mapas de riesgos (sociales, legales y ambientales) desde el origen. Estos mapas identificarán las fases “más sensibles” en cuanto a cumplimiento en los ámbitos mencionados. Por ejemplo, la posible presencia de productos procedentes de pesca INDNR.

El punto cuatro del listado apunta a la necesidad de elaborar planes de mejora que permitan alcanzar un aprovisionamiento “responsable, cuantificable y sujeto a plazo”, lo que en la práctica supondría un aumento progresivo de los productos sostenibles en el lineal. Estos planes serán sometidos a una evaluación anual, para poder medir el cumplimiento de los objetivos.

Para lograrlo será necesario disponer de un sistema de trazabilidad verificable por una tercera parte independiente, que permita asegurar la veracidad de la información. Es la recomendación número cinco. El sexto punto se centra también en la información, pero en la que se da al cliente a través del etiquetado. Para ello “hay que cumplir de manera estricta con la normativa sobre información obligatoria de los productos de la pesca y la acuicultura”. Además consideran que hay que tener en cuenta el factor de la “accesibilidad” para que los consumidores comprendan la información proporcionada.

En séptimo lugar recomiendan que el aprovisionamiento de productos pesqueros proceda de pesquerías “bien gestionadas, que cumplan con la legislación, justas y sostenibles”. “Hay diferentes caminos” para lograrlo, dicen: certificaciones, pesquerías en un proceso de FIP o las de bajo impacto, por ejemplo. Para ello la cadena necesita el “compromiso” de los proveedores, a los que recomienda la puesta en marcha del planes de mejoras “creíbles”. Es la recomendación número ocho.

EL PAPEL DE LAS ADMINISTRACIONES

El noveno punto está centrado en el papel de las administraciones. Según las ONG, la cadena de valor tiene que demandar a los responsables de las políticas pesqueras mejoras en la legislación, y en su aplicación, relativa a pesca INDNR; control y gestión de pesquerías; comercialización y etiquetado; transparencia; así como en la adaptabilidad de las políticas pesqueras a la “situación de las poblaciones de peces”, con medidas como las reglas de control de capturas. La cadena de valor también debe demandar una mejor ciencia; que se fomente la colaboración entre las administraciones; un incremento de los observadores a bordo para velar por el cumplimiento de la obligación de desembarque y exigir un “control riguroso” de los productos importados.

En último, y décimo lugar, las ONG instan a la cadena a contar con una tercera parte independiente que verifique la ejecución y el cumplimiento de las recomendaciones sugeridas. Su implementación, concluyen, “pueden contribuir a la mejora continua de la sostenibilidad de la pesca y la acuicultura, de las diferentes empresas a lo largo de la cadena de suministro”.

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