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El COFI analiza las condiciones sociales en la cadena de suministro

¿Y qué pasa con la sostenibilidad social?

ip - 11 de septiembre de 2017 Compartir en Facebook Compartir en Twitter    

Mientras se han logrado avances significativos en la sostenibilidad de la actividad pesquera y, al mismo tiempo, en asegurarse que la comercialización de los productos pesqueros se ajusta a unos parámetros de sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad social a lo largo de la cadena de valor deja mucho que desear. Así lo cree FAO que en la reunión del Comité de Pesca, celebrada recientemente en Corea, ha abordado precisamente los retos y tendencias de la dimensión social en la cadena de valor de la pesca. Con todo, es cierto que los compromisos y el interés por solventar algunas situaciones de abuso es cada vez más creciente.

El comercio pesquero es una importante fuente de divisas, ingresos y de generación de puestos de trabajo además de contribuir a la seguridad alimentaria y a la reducción de la pobreza en muchos países productores, exportadores e importadores y según los datos de FAO, la demanda de productos pesqueros crece de manera continuada gracias a la mayor producción en estos países en desarrollo. Países que, por otro lado se enfrentan a mayores retos en sus cadenas de valor, ya que la presión para reducir el coste de producción o mantener y aumentar la rentabilidad genera incentivos para la contratación de mano de obra más barata o descuidar las condiciones sociales y éticas, el aspecto social, de la pesca. Es decir, la vida de sus trabajadores y por ende de sus familias y de las comunidades pesqueras.

No quedan lejanas las denuncias por contratación de inmigrantes ilegales en algunos países de la flota de la Unión Europea o las condiciones en las que operan los trabajadores de embarcaciones con bandera de Tailandia, por citar dos casos extremos. Además las condiciones penosas de trabajo se vinculan con un mayor riesgo de seguridad en la mar y con la acción de pesca ilegal, no regulada y no reglamentada.

FAO reconoce que tanto gobiernos como organizaciones regionales e incluso el sector privado -con iniciativas como el Keystone Dialogue- están haciendo cada vez mayor énfasis en evitar y luchar contra estas situaciones. En este sentido pone como ejemplo Indonesia, que ha implementado una legislación para promover el respeto y certificar el cumplimiento de las condiciones laborales en la industria pesquera. O Tailandia que se está esforzando por tomar medidas contra la mano de obra forzada. Incluso Nueva Zelanda, que ha reforzado los aspectos sociales para aquellos buques de bandera extranjera que quieran operar en sus aguas.

Pero también es una demanda de los consumidores que piden mayor transparencia y trazabilidad de los productos pesqueros, ya que con estas dos herramientas se reducen las posibilidades de abusos de los derechos humanos y laborales, de fraude, de etiquetado así como de calidad e incluso de prácticas de pesca ilegal. Y, por su puesto el sector, que demanda unas condiciones de juego igualitarias. En este sentido FAO cuenta con la declaración “Diálogo de Vigo”, firmada en 2015 en la que pone especial atención en el trabajo decente en la pesca y en la acuicultura incluyendo el desarrollo de una guía práctica que proteja los derechos de los trabajadores y el cumplimiento de los instrumentos y estándares internacionales relativos al tema.

Más colaboración

Durante el COFI, FAO ha propuesto que se mantenga la colaboración con la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Marítima Internacional y otras organizaciones asociadas para generar y proporcionar información y sensibilizar sobre la sostenibilidad social en las cadenas de valor; promover medidas que faciliten y protejan el acceso de los pescadores, acuicultores y peces de pequeña escala a las cadenas de valor; prestar asistencia técnica para la elaboración de políticas nacionales y la aplicación de medidas de gobernanza social; aplicar los puntos del Programa Estratégico de la Reducción de la Pobreza, centrándose en los sectores de la pesca y la acuicultura; o incluso apoyar la aplicación del Acuerdo de Medidas del Estado Rector del Puerto así como otro tipo de medidas para luchar contra la pesca ilegal, no declarada y no regulada; una lucha que, sin duda, mejorará las condiciones de trabajo en la mar y a lo largo de toda la cadena de valor.

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