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La explotación de los recursos vivos en la Política Común de Pesca a partir de 1993

Rafael Robles Pariente, director del Instituto Español de Oceanografía - 11 de julio de 2011

Nos hacemos eco del artículo elaborado por nuestro amigo y colaborador Rafael Robles Pariente y publicado en los números 1537 y 1538 del 1 y 15 de mayo de 1991 de Industrias Pesqueras en el contexto de la reforma de la PCP del año 1992. Por entonces Rafael Robles era director del Instituto Español de Oceanografía y analizaba en IP algunos aspectos del documento de debate presentado por la Comisión Europea.

La Comisión de las Comunidades Europeas, a través de su Comisario responsable de la Dirección General XIV (Pesca), ha preparado un primer documento sobre el presente y futuro de la nueva PPC que, de entrada conseguido un objetivo que suponemos pretendido y que ha sido el de alarmar a todas las partes implicadas con la mágica cifra del 40% de reducción de la flota de pesca comunitaria.

El estado de los recursos no es el mismo en todas las pesquerías de las aguas comunitarias”

Independientemente de este hecho, más periodístico y de impacto que realistamente aceptable y con posibilidad de ser llevado a la práctica, querríamos hacer unas reflexiones y comentarios a dicho documento en el que creemos se recogen unas realidades innegables pero en el que faltan quizás otras, sobre todo en lo que a nuestro país respecta y que, al parecer, siguen sin ser entendidas.


El grave problema que ello puede implicar es la posible consolidación de una situación comparativamente muy negativa para España ya que en la actual PPC, en vigor desde 1983, estaba claro que no se había querido tener en cuenta para nada la realidad de la pesca española cuya integración se veía venir y de la que se temía su potencial de flota (creemos que infundadamente en lo que a aguas comunitarias se refiere). Es por ello que en la política pesquera que ahora se está gestando para 1993, consideramos enormemente importante que se tienda a evitar o cuando menos a minimizar los efectos negativos innecesarios y a veces discriminatorios que hubo que aceptar para permitir nuestra entrada en la Europa comunitaria.

 

El eje del documento que el Vicepresidente Marín presentó al Consejo de Pesca de Diciembre pasado es una denuncia de un desequilibrio importante entre los recursos disponibles y las capacidades de pesca existentes.

 

Dado que es ésta una aseveración que se repite varias veces en el documento, parece conveniente por nuestra parte matizar desde un principio, y así se viene haciendo en distintos foros, que el estado de los recursos no es el mismo en todas las zonas o pesquerías de las aguas del Norte el bacalao y el eglefino sobre todo, presentan un estado de muy fuerte sobrepesca, con altísimas mortalidades pesqueras varias veces superiores a las que deberían soportar en una explotación racional, lo que ha llevado a una evolución decreciente de las capturas y de la biomasa en la mar, a unos stocks reproductores de biomasa también decrecientes (lo cual indica inestabilidad y fuertes oscilaciones en los reclutamientos anuales) y a unos tamaños de ejemplares en las capturas cada vez más pequeños; y todo ello pesar de los sucesivos Reglamentos de TAC y cuotas y a las medidas técnicas de conservación que están en vigor desde 1983.

 

Podría pues decirse que la evolución de estas pesquerías, así como de algunas otras del Mar de Irlanda y Mar Báltico, evidencias un claro fracaso del sistema de gestión adoptado, bien sea por el propio sistema en sí, o bien por su deficiente aplicación práctica.


Pero en las pesquerías situadas en la zona Oeste de la llamada Europa azul, si se analizan los datos disponibles, la situación no semeja la misma, por lo que es preciso evitar generalizaciones al hablar de reducir las capacidades de pesca. 

En cualquier caso la Comisión, en vez de entrar a fondo en el análisis crítico del actual sistema de gestión por TAC y cuotas, que ha evidenciado una notoria falta de flexibilidad y serios defectos, (pero que es defendido eso sí por los países más del Norte), se limita a señalar una serie de puntos que estima fundamentales para garantizar la gestión y el control de las actividades de la pesca, pero manteniendo el sistema existente.

 

Así pues, las líneas claves de la nueva política de gestión de recursos que propone la Comisión serían las siguientes:

 

  • Completar el sistema de TAC y cuotas mediante un reforzamiento de las medidas de control del esfuerzo de pesca y de las medidas técnicas de conservación.

  • Adecuar los planes de Orientación Plurianuales (POP) de las flotas a las posibilidades de los recursos que explotan.

  • Mejorar las bases de datos de las capturas.

 

SIN CAMBIOS

 

Como puede versa, estas líneas no hacen más que mantener la situación actual, a pesar de sus pobres resultados desde el punto de vista de la conservación de los recursos, poniendo fundamentalmente el énfasis en los

 

Aspectos de control que pretenden solucionar con la puesta en vigor de la llamada “caja negra” y la tecnología por satélite que facilitan el posicionamiento y localización de los barcos y poco más. La realidad es que el propio documento reconoce explícitamente que existen serios problemas con las estadísticas de captura los cuales no van a ser solucionados desde luego con la caja negra. Las “distorsiones” estadísticas que se están produciendo las induce en parte el propio sistema de TAC y cuotas y sus consecuencias redundan después en las evaluaciones científicas, que pueden llegar a ser incorrectas por dicha causa, dando lugar con ello a unas medidas de gestión basadas en inexactitudes, con lo cual nos encontramos en un círculo vicioso.

El sistema de gestión por TAC y cuotas ha evidenciado una notoria falta de flexibilidad y serios defectos”.

 

Ha de tenerse en cuenta, además, que más del 50% de los TAC y entre ellos todos los que afectan a España, son de precaución, es decir, aquellos que se fijan para especies o stocks de los que se carecen de evaluaciones analíticas basadas en series históricas fiables; se trata pues de stocks de los que no se tiene evidencia de que se encuentren en situación de sobrepesca de forma que lo que se pretende al fijar dichos TAC es intentar, de una manera indirecta, impedir el aumento del esfuerzo de pesca. A pesar de ello hay flotas que han incrementado su esfuerzo de pesca, aumentando o no el número de unidades, mediante la utilización de nuevas técnicas tales como arrastre pelágico, grandes palangres automatizados, grandes artes de enmalle, etc., junto con otros sistemas de tecnología avanzada.

 

En el caso español, como ya tiene su esfuerzo congelado a través del Tratado de Adhesión, la aplicación de estos TAC de precaución solo supone añadir dificultades adicionales al desarrollo de la pesca, máxime cuando estos TAC se dejaron para unidades de gestión las subáreas VI, VII, VIII abd del ICES para gallo y rape por ejemplo), que no se corresponden en la realidad con los stocks biológicos. Por otra parte, el sistema de TAC y cuotas por especies no funciona adecuadamente en el caso de las pesquerías mixtas o multiespecíficas. Para el arrastre de fondo por ejemplo, son varias las especies que se capturan conjuntamente, razón por la que no se puede dar a este tipo de pesquerías igual tratamiento que a la pesca dirigida a una especie determinada, como en el caso del palangre o del cerco. Debería por lo tanto considerarse la posibilidad de fijar un TAC solamente para la especie principal y no establecerlo para las especies accesorias.

 

Por último, el actual sistema de descartes no puede ser comprendido por los pescadores, quienes estarían obligados a devolver a la mar cantidades importantes de especies acompañantes que tienen TAC de precaución, pero que no presentan constancia de estar sobreexplotados.

 

En cambio, si se controlara el esfuerzo de pesca, pesquería por pesquería, con listas cerradas de barcos y con el tiempo de pesca controlado, serían posible gestionar dicho esfuerzo de manera directa de acuerdo con las necesidades reales, (por ejemplo mediante planes de pesca, cambios de modelos de explotación, paralizaciones temporales, etc.) complementándolo, eso sí con el seguimiento mas exhaustivo posible de las medidas técnicas de conservación (mallas y tallas mínimas, zonas de veda, porcentajes de especies, etc.) y aceptando en determinados casos, la fijación de TAC para especies dirigidas.

Toda política de conservación de los recursos debe estar ligada con las medidas a tomar en estructuras y mercados”.

Este sistema que postulamos implicaría la concesión de licencias a los barcos, hecho que no es visto con buenos ojos por muchos países, si bien la realidad es que, hasta ahora, es a España al único país al que se le exige en aguas comunitarias; sin embargo creemos que su implantación llevaría consigo una mejora sustancial tanto en el control directo del esfuerzo de pesca como en las estadísticas de captura de desembarco, con lo que también mejoraría la calidad de las evaluaciones del estado de los stocks, las cuales permitirían a su vez contar con datos más exactos en los que se pudieran basar tanto las medidas de control como las medidas técnicas de conservación a tomar.

 

Así pues, deberíamos olvidarnos todos de porcentajes mágicos globales de reducción de la flota comunitaria y centrarnos en cambio en el conocimiento serio y profundo de todas y cada una de las pesquerías, ya que cada una se encuentra en un estado diferente y precisa de unas medidas concretas de acuerdo con el estado de los stocks específicos en ella explotados. Si dichas medidas implican reducción de flota hay que prever los oportunos fondos socio-estructurales para paliar los impactos socio-económicos derivados.

 

En cualquier caso, toda política de conservación de recursos debe estar ligada, formando un todo, con las medidas a tomar en estructuras y mercados.

 

Entendemos que lo más práctico sería ir a una Política Pesquera Común, en lo que a conservación de recursos se refiere, que se base en una reglamentación lo menos complicada posible, que sea entendida por el sector si es que se quiere que éste la asuma y colabore con ella, seguida a continuación por la debida exigencia de la misa por los servicios de control y vigilancia de los Estados Miembros.